En un avance significativo hacia la igualdad, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Inclusión Social, el 27 de septiembre de 2024. Esta nueva legislación garantiza el derecho a la inclusión en todos los servicios públicos a todas las personas, sin importar su origen étnico, género, orientación sexual, discapacidad u otras condiciones.
Además se establecen medidas claras para asegurar el acceso equitativo y prioritario a servicios esenciales como salud, educación, empleo y participación en la vida política y social.
La Ley también refuerza el cumplimiento del Programa Nacional de Atención Integral
a los Trastornos del Espectro Autista (PNAITEA), asegurando la presencia de maestras de apoyo a la inclusión en colegios y escuelas, lo que representa un gran paso en la adaptación del sistema educativo para todas las personas. Organizaciones de derechos humanos y activistas han celebrado esta legislación como un avance crucial hacia un Paraguay más inclusivo, y se espera que su implementación transforme profundamente la sociedad, eliminando barreras y promoviendo la participación plena de todos los sectores de la población.